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Operadores locales denuncian ante la UE el cambio en las condiciones a las ayudas a la banda ancha

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La Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (Aotec) ha denunciado ante la Unión Europea (UE) el cambio de las condiciones para acceder a las ayudas al despliegue de la banda ancha en España que pretende implementar el Gobierno, ya que considera que “incumple los principios de la Unión” sobre estos incentivos y “va en contra de la salvaguarda de la competencia” en los mercados.

El presidente de Aotec, Antonio García Vidal, ha remitido una carta a la Dirección General de Redes de Comunicaciones, Contenido y Tecnología (DG Connect), en la que expresa la “profunda preocupación” por las consecuencias de los cambios en la normativa proyectados por el Gobierno para el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA 2019-2021), que se plasmarán en una nueva orden de incentivos.

En un comunicado, la asociación explica que en el marco actual de incentivos los proyectos se adjudican en el ámbito territorial del municipio o incluso entidades menores, mientras que el nuevo proyecto del Ejecutivo central obliga a que se presenten proyectos provinciales, lo que deja fuera a los operadores locales de telecomunicaciones.

Para Aotec, el ámbito provincial tiene un “efecto pernicioso”, dado que sólo las grandes empresas podrán acceder a las ayudas. En su opinión, esta decisión es “incompatible con el criterio de fomento de la competencia y no discriminación que propugnan la normativa española y europea”.

En este sentido, señala que la nueva propuesta “no es admisible, de acuerdo con los principios comunitarios”, en concreto con la Comunicación 2013/C 25/01. Ésta establece que se otorgará “un trato igual y no discriminatorio de todos los licitadores” mientras que, según Aotec, con la nueva redacción del PEBA se discrimina a algunos operadores, “máxime cuando se trata de pymes”.

La asociación explica que el ámbito provincial obligaría al operador local a convertirse en operador provincial y que, en ese caso, no podría cumplir con el requisito económico que exige la normativa y que se mantiene igual que hasta ahora: tener unas inversiones históricas suficientemente cuantiosas, dado que las ayudas se conceden en función de las inversiones realizadas en los tres últimos años.

Aotec reivindica además que las pymes de telecomunicaciones son “las más eficientes con el dinero público” que se les ha concedido en las ayudas, algo que ponen de manifiesto los propios datos del Ministerio de Economía y Empresa. Estos muestran que en 2018 el coste de cablear una unidad inmobiliaria por un operador local ha sido de 62,40 euros de media frente a los 171,99 euros de los operadores regionales y nacionales.

 

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